Crisis sanitaria y protección del empleo

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Rodrigo Ruiz Godoy, Abogado y Magister en Derecho Laboral, Gestión Educacional y Responsabilidad Social Empresarial. Especialista en Derecho Laboral y Previsional. Docente Universitario.

Una de las áreas más afectadas por crisis del Coronavirus es el empleo, hoy día con tazas que superan el 10% y con un descalabro paulatino en varias comunas de la Región del Biobío.
En los próximos meses posiblemente se observe un alza sostenida en las cifras de desempleo y un aumento del empleo informal. Desde este punto de vista, el Gobierno ha implementado una serie de medidas tendientes a reducir este impacto y proteger las fuentes laborales.
Potencialmente la medida más importante (y polémica) es la posibilidad de suspender la relación laboral en caso que, por actos de autoridad (toques de queda, cuarentenas, cordones sanitarios, etc.), se paralicen las actividades y no sea posible seguir prestando los servicios establecidos en el contrato de trabajo. De esta forma, la empresa puede decidir unilateralmente suspender el contrato de trabajo y, por consiguiente, liberarse de la obligación de pagar la remuneración, al mismo tiempo que el trabajador se libera de prestar los servicios. Si el empleador se acoge a esta medida, el trabajador podrá acceder a los fondos del seguro de cesantía y obtener un porcentaje de su remuneración durante los meses que dure el acto de autoridad.
Podrá parecer que esta situación genera un desmedro evidente para los trabajadores, pero si se revisa con detención, se considera una medida efectiva para proteger el empleo y atenuar la crisis económica. En primer lugar, junto con la suspensión del contrato de trabajo, también se prohíbe el despido de trabajadores salvo por la causal de necesidad de la empresa. Es decir, no será posible utilizar la causal de fuerza mayor para desvincular un trabajador sin el pago de las indemnizaciones correspondientes. Esto disminuye la posibilidad de una pérdida permanente de la fuente de empleo. Por otra parte, aunque el empleador se ve liberado de pagar las remuneraciones, esto no aplica para las cotizaciones, evitando un daño previsional para el trabajador. Finalmente, la utilización del seguro de cesantía resulta necesario en la medida que permite palear el desmedro económico y distribuye los costos económicos de la crisis entre todos los actores del sistema, pues los fondos de cesantía se forman de un aporte tripartito entre trabajador, empleador y el Estado.
Estas medidas, a pesar de ser necesarias y apuntar en la dirección correcta, son insuficientes. Particularmente preocupante resulta la situación de los trabajadores independientes. La naturaleza de su labor los hace aún más frágiles ante una crisis de desempleo y no cuentan con la herramienta del seguro de cesantía para sortear estos meses. Ni siquiera podrían echar mano a sus fondos de pensiones (aunque esto resulta una muy mala idea), pues hasta hace poco tiempo no era obligatoria su cotización previsional. En definitiva, el Estado tendrá que ir en ayuda de este sector a través de transferencia directa de recursos que permitan evitar una pauperización absoluta de un grupo relevante de la población.