Editorial Lo habitual de la anormalidad

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Ya han pasado 22 años desde el primer atentado incendiario que destruyó un camión forestal en la comuna de Lumaco. 1997 es cuando este hito marca el comienzo de un escalamiento progresivo de la violencia rural que sufre hoy el sector forestal, en especial los contratistas forestales, y que abre insospechados escenarios acerca de cuál será el desenlace si no se detiene su avance.

Los gobiernos de turno no han podido o no han querido ser parte de la solución. El último esfuerzo más relevante para generar diálogo y acuerdos fue la creación de una Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, presidida por el Obispo de Temuco Héctor Vargas, quien señaló: “Lo sabemos, o hay paz y justicia para todos o difícilmente la habrá para alguien”. Esta comisión entregó en enero del 2017 sus conclusiones, acuerdos y reparaciones. Sin duda, fue un importante avance que atravesaba toda la ciudadanía y que se definió como el punto de partida para la tan anhelada paz para La Araucanía y por consecuencia, también para la provincia de Arauco. Sin embargo, grupos violentistas organizados se han seguido imponiendo a los deseos de paz y tranquilidad expresados en ese acuerdo. Es más, hoy tenemos un importante avance de la delincuencia, violencia y terrorismo rural en cuatro regiones del país: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. De las 107 comunas que las componen, en el 2014 eran 5 las afectadas. Hoy, son 32 comunas fuertemente comprometidas por la violencia rural, lo que constituye el 30 % de ese territorio.

¿Y qué podemos hacer? El Estado tiene la autoridad y el deber constitucional, a través de las policías, fiscales y jueces de perseguir los delitos, procesar a los detenidos y condenar a los culpables de actos de violencia. ¿Pero qué sucede en la práctica? En cuanto a los atentados a contratistas forestales, en 6 años son 138 los ataques incendiarios y, sólo en un caso, es decir, en el 0,7 % de las causas, la fiscalía ha tenido resultados y está el culpable cumpliendo condena.

Es el Estado a través de la Constitución que nos rige, el que nos debe garantizar el derecho al trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, a la integridad física y síquica de las personas y a la propiedad privada, entre otras garantías. Cuando se atenta contra los contratistas forestales, también se atenta contra los trabajadores y sus familias. Hoy tenemos 96 empresas contratistas forestales atacadas y 9.600 trabajadores afectados directa o indirectamente. Si sumamos a las familias, son casi 30.000 personas involucradas en una situación de violencia y sin que el Estado actúe ni cumpla su rol.

Al restarse el Estado del control de la violencia rural que afecta a estas cuatro regiones del sur del país, la opinión pública y la ciudadanía que ahí vive, están asumiendo que la anormalidad que significa la violencia rural es algo normal y que no es habitual que el Estado a través del gobierno de turno, imponga la autoridad que la ciudadanía le entregó. El Estado debe actuar, tiene la obligación constitucional, tiene el deber de hacerse presente, para que se cumplan y respeten las normas que nos rigen y el Estado de Derecho se reestablezca en estas regiones.

Debe ser misión del gobierno, hacer que la percepción de NORMALIDAD DE ESTA ANORMALIDAD que se presenta en la ruralidad de estas regiones, no continúe y que pronto llegue la paz y la tranquilidad a todos los rincones del sur de nuestro país.