El año forestal que se nos va

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A sólo días de finalizar  el año 2020, marcado por los efectos de la pandemia en todos los rincones de este país y en  cada uno de los hogares chilenos, es difícil  sentarse a escribir respecto a lo más relevante que le ha sucedido este año al sector. El año que se nos  va, nos deja un gusto amargo y diversos hechos son la prueba de ello.

En el Congreso Nacional no se pudo avanzar en un proyecto clave para el futuro de los bosques y de la convivencia nacional, me refiero a la ley que busca una nueva penalización para el robo de maderas, ilícito que produce grandes pérdidas a los  pequeños, medianos  y grandes propietarios de bosques desde la región del Maule al sur. Aun cuando el robo de maderas es la principal fuente de financiamiento para variadas actividades delictuales en toda la macro zona sur, los congresistas concluyeron que esta ley criminalizaba al pueblo mapuche.

Otro trago amargo es que a comienzos del año se presentó el proyecto de ley que creaba el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Los forestales pensábamos que, dado que el  cambio climático había puesto de manifiesto la importancia de los bosques como proveedor de bienes, de servicios ecosistémicos, de captura de CO2, participación en las  exportaciones y el PIB nacional; se consideraría mejorar y ordenar la actual institucionalidad forestal, teniendo representación en este nuevo Ministerio a través de una Subsecretaría Forestal. Como gremios del sector solicitamos perentoriamente al Ministro de Agricultura esa modificación. Finalmente, el proyecto fue retirado por no contar con el apoyo ni de los diputados, ni de las universidades, ni de los gremios aludidos.

El 2 de diciembre recién pasado, se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, un proyecto que modifica la ley de bases generales del medio ambiente, para someter a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de desarrollo relacionados al sector o de plantaciones forestales, que busca regular las grandes intervenciones continuas de cosechas, raleos y otros métodos de extracción forestal. Estando de acuerdo en el fondo: la necesidad de legislar algunos aspectos relativos al quehacer y manejo forestal, ¿estarán considerando los parlamentarios que el sustento del sector forestal, se basa en tener un desarrollo social, laboral y económico de todas aquellas localidades y comunas donde crecen los bosques y que poner más trámites, exigencias y demoras al trabajo, ralentiza la dinámica que nuestro sector requiere? Alrededor de 300.000 trabajadores forestales del bosque, de las industrias, recolectores de hongos, de flores, de semillas, directa e indirectamente  dependen del bosque, de todo tipo de bosque. Todos ellos requieren de legisladores consistentes y comprometidos con el desarrollo real del país, que comprendan la importancia del bosque nativo y plantaciones como fuente de trabajo sustentable. Sin duda, que cualquier legislación inconsulta, sin un argumento técnico forestal, hecha entre cuatro paredes, tendrá un efecto negativo en la actividad.

Al terminar este balance anual, no hay duda que el 2020 quedará grabado en piedra por las cifras de violencia y destrucción hacia los contratistas forestales y sus trabajadores. En efecto, las cifras al 30 de noviembre muestran que este año se duplicó el número de atentados: 75  v/s 39 del año 2019 y 287 equipos quemados v/s los 130 del año pasado.

Hoy día los trabajadores y los contratistas forestales, están abandonados, en un ambiente de abandono, destrucción e injusticia, por la  irresponsabilidad, inacción e ineptitud de las autoridades de gobierno, de legisladores y  jueces de este país. Aun así, mantenemos la esperanza que el nuevo año traiga la tan anhelada paz y tranquilidad a los bosques y los contratistas podamos seguir aportando al desarrollo del sector forestal.