El gobierno se demoró 4 años en descubrir que los actos de violencia en la Araucanía no eran delincuencia común

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Violencia en la Araucania
Fuente Foto: http://www.latercera.com/noticia/interior-anuncia-plan-por-violencia-en-la-araucania/

El conflicto en la denominada “zona roja” ha escalado a niveles preocupantes, trastocando la vida de miles de ciudadanos que habitan dicho lugar. Lo que en principio comenzó con la quema de camiones y maquinaria, hoy ha escalado en violencia hacia hechos de mayor gravedad, como el ataque con armas de fuego a trabajadores o la quema de viviendas.

En esta perspectiva, discrepamos del enfoque que le ha dado el Gobierno a estos eventos, calificándolos como “delitos comunes”. Creemos que el Estado debiese asumir que nos encontramos  frente a acciones que difieren de la delincuencia ordinaria, pues se trata de asociaciones ilícitas terroristas que cometen delitos de manera permanente y con el fin de inculcar el miedo y el terror.

Rodrigo Ruiz Godoy, abogado especialista Derecho Laboral, asesor Asociación de Contratistas Forestales.
Rodrigo Ruiz Godoy, abogado especialista Derecho Laboral, asesor Asociación de Contratistas Forestales.

Tomando lo anterior en cuenta, es hora de evaluar los desaciertos permanentes del gobierno, no se trata de tener un color político, sino que, de darnos cuenta, que  no  basta el descalabro y la crisis económica, los escándalos familiares en el gobierno, sino que además tenemos una zona con terroristas, ladrones y por sobre todo delincuentes. De este sucinto análisis, es evidente que las medidas que se deben tomar para devolver la paz y la tranquilidad  a  la  zona deben  estar en concordancia con la gravedad de la situación. En primer lugar, se debe avanzar en una legislación que entregue mayores facultades a los organismos      investigadores, dotándolos de más herramientas efectivas para el combate al terrorismo (intervenciones telefónicas, testigos protegidos, agentes encubiertos, etc.). Además, se hace necesario un uso extensivo de las leyes existentes, como es el caso de la Ley Antiterrorista. La decisión del actual gobierno de no invocarla en estos casos resulta francamente incomprensible a luz de los hechos ya expuestos y denotan una grave negligencia en el manejo de esta crisis.

Por   otra   parte,   el Estado debe implementar un sistema de seguridad coordinado y sistematizado, conformado por policías permanentes, los cuales cuenten con un nivel de especialización específico para este tipo de delitos. Esto acompañado de un órgano de inteligencia efectivo y empoderado, que logré recopilar información relevante para desbaratar las células terroristas existentes y evitar su proliferación por el territorio.

Finalmente, el 28 de agosto de este año, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, explicó los antecedentes que maneja el gobierno de la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos y calificaron el hecho como terrorista.

El sector forestal incrédulo por lo ocurrido a los transportistas, no sabe que pensar, no entiende en que Chile vive el gobierno, que no empatiza con el miedo de los trabajadores y empresarios, este escenario, tiene que cambiar y no puede ser resuelta en un periodo determinado, debe evaluarse la dictación de algún tipo de estado de excepción transitorio, con el objetivo de realizar una intervención definitiva que permita desbaratar el crimen organizado y reinstaurar el estado de derecho en una zona que ya no soporta vivir con este calvario de violencia y cesantía.