El sector forestal y los desafíos para su desarrollo

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Roberto Cornejo Espósito, Presidente Nacional Colegio Ingenieros Forestales de Chile

Cuando se habla del sector forestal existe la percepción de que es un rubro consolidado, debido a que se asocia al desempeño de dos grandes empresas (Arauco y CMPC), quienes representan gran parte de los productos forestales que se desarrollan y exportan a los principales mercados internacionales. Sin embargo, en este diagnóstico se omite la situación de las pequeñas y medianas empresas madereras, además de los pequeños y medianos propietarios de bosques.

Las pymes madereras representan el anverso de la moneda. Presentan un desabastecimiento crónico de materia prima, que se acentúo con los graves incendios del año 2017, en los que se quemaron más de 300.000 hectáreas de plantaciones, lo que acentúo el grave problema de abastecimiento que ya venía de varios años. Esto derivó en el cierre de muchas de estas empresas, con el consiguiente problema social, dado que este tipo de empresas son la que generan el mayor porcentaje de trabajo.

Además, las posibilidades de ir en apoyo del segmento de pequeños y medianos propietarios son limitadas, ya que desde el año 2012 no se cuenta con instrumentos de incentivos a la forestación por el término del fomento forestal a las plantaciones. Como resultado de esta situación prácticamente se ha dejado de plantar, pasando de más de 40.000 hectáreas anuales de forestación a la magra cifra de 700 hectáreas plantadas el año 2019. En Chile, aunque es triste afirmarlo, ya no se planta.

Para revertir esta situación, desde hace varios años se ha intentado crear un nuevo instrumento de fomento forestal, sin embargo, las distintas iniciativas no han prosperado en su tramitación legislativa. Existe una fuerte discusión ideológica respecto al rol de las plantaciones forestales, que ha impedido contar con instrumentos de fomento para reactivar el proceso de plantaciones.

La situación del sector forestal no es halagüeña, por una parte, ya no se establecen nuevas plantaciones y tampoco se maneja el bosque nativo. La ley de recuperación de bosque nativo y fomento forestal, luego de diez años de implementación no ha logrado consolidarse ni acercarse a las metas de superficies de manejo forestal esperadas. Solo se han pagado el 17% de los recursos destinados en bonificaciones, lo que refleja un bajo uso del instrumento.

Este diagnóstico no es desconocido por las autoridades. Actualmente el Consejo de Política Forestal y los gremios del bosque nativo trabajan para presentar una propuesta de reactivación del sector, sin embargo, sabemos que la tramitación de los proyectos de ley en el parlamento es lenta, más aún, en un año lleno de elecciones, por lo que se supone que no existirá gran avance.

A nivel del Consejo de Política Forestal se está trabajando en la elaboración de una nueva ley de fomento forestal orientada a pequeños y medianos propietarios, que les permita forestar sus predios, los cuales se encuentran improductivos y erosionándose. Sin embargo, se observa una fuerte resistencia de la ciudadanía a entregar recursos del Estado para la forestación de terrenos desnudos con especies exóticas de rápido crecimiento. Nuevamente la carga ideológica de la discusión perjudica a los más necesitados de apoyo del Estado. No podemos seguir plantando menos de 1.000 hectáreas anuales, cuando existen extensos terrenos en proceso de erosión en manos de pequeños propietarios y además debemos cumplir ambiciosos compromisos internacionales de forestación como aporte a la reducción de emisiones al 2030 (200.000 hectáreas, de las cuales al menos 70.000 deben ser especies nativas).

En el plano de la reforma institucional, desde hace años se está legislando la creación de una institucionalidad pública para el sector forestal, adecuada a los desafíos actuales. Lamentablemente el proceso está detenido en el Congreso, y es poco probable que en el año que le queda a la actual administración se destrabe este proceso.

El actual escenario para la actividad forestal se ha visto además afectado por la tramitación en el Congreso de un proyecto de ley que busca que todos los proyectos forestales ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta iniciativa, en la práctica, significa una prohibición de operación para pequeños y medianos propietarios, ya que no serán capaces de enfrentar los costos de estas evaluaciones. El segmento de pequeños y medianos propietarios representa un 40% de las operaciones forestales, por lo que el impacto de esta regulación será catastrófico para el sector que más apoyo requiere.

El escenario para el sector forestal termina siendo derechamente negativo si añadimos el grave problema de violencia rural que afecta a los contratistas forestales, a los transportistas, trabajadores, dueños de predios y la comunidad en general. Se ha instalado un clima de violencia que solo ha escalado ante la pasividad de la autoridad, provocando muerte y destrucción.

Es por todo lo anterior, que el Colegio de Ingenieros Forestales manifiesta su preocupación ante la difícil situación que enfrenta el sector forestal y hace un llamado a las autoridades para que se garanticen las condiciones el desarrollo de una actividad trascendental para el sector centro sur del país y priorizar el apoyo al segmento de pequeños y medianos propietarios forestales como también a la mediana y pequeña empresa maderera del país.