La necesaria política de restauración de bosques nativos quemados

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En la actualidad, WWF Chile trabaja para que se hagan efectivos los impactos de la certificación FSC de plantaciones, incluyendo compromisos por 60 mil hectáreas de bosques en proceso de restauración ecológica en paisajes prioritarios y la protección de 100 mil ha de Áreas de Alto Valor de Conservación.

Si bien el camino recién comienza, el sector forestal nacional ha experimentado una serie de cambios positivos en los últimos años, asociados principalmente a la adopción del sistema de certificación del Forest Stewardship Council (FSC). Promovido a nivel global por la organización mundial de conservación WWF, este sello de sustentabilidad ha sido uno de los motores de la disminución de la sustitución de bosque nativo relacionada con la actividad de plantaciones forestales, así como de los avances registrados en el resguardo de las riberas de los ríos y en la participación de las partes interesadas, entre otros aspectos.

Conversamos con Carlos Vergara, Encargado de Bosques y Restauración de WWF Chile sobre la situación y principales desafíos del restablecimiento de bosques, cuidado de los suelos y de ecosistemas afectados por incendios forestales en nuestro país.

WWF Chile trabaja para que se hagan efectivos los impactos de la certificación FSC de las plantaciones, ¿Cuál es la evaluación que hacen al respecto? ¿Cuáles han sido esos impactos?

En general, la evaluación es positiva debido a que desde que se implementó la certificación FSC han existido cambios importantes para el sector forestal. En temas ambientales, vemos un aumento significativo de Áreas de Alto Valor de Conservación, que implican su identificación, manejo y monitoreo, además de múltiples iniciativas de restauración como compensación por la sustitución de bosque nativo por plantaciones realizada desde el año 1994, que es cuando entre en vigencia el sistema FSC y lo que actualmente está prácticamente frenado. Por otra parte, ha existido una apertura al diálogo con comunidades aledañas con la finalidad de prevenir y gestionar los impactos sociales y ambientales de las plantaciones, una visión de “buena vecindad” que esperamos pueda profundizarse y afianzarse en el tiempo.

No obstante, existen temas que son necesarios abordar entre el sector público y privado, como es el caso de las reivindicaciones territoriales de pueblos originarios, con demandas de tierra provenientes de los títulos de merced que aún se mantienen y no han sido coordinado efectivamente entre estos dos sectores para dar una solución al tema. Además, es necesario un cambio de mirada, un enfoque más amplio desde el paisaje y no solo desde la propiedad, algo que si bien ha avanzado, no está totalmente integrado en la gestión de las empresas y que implica, por ejemplo, la incorporación de las compañías en las acciones y planes que apunten al desarrollo económico local, el tamaño de tala rasa, el diseño del paisaje para reducir impactos, como por ejemplo, en los incendios, entre otros temas.

Finalmente, un cambio esperado en el corto plazo será la adopción de un nuevo estándar para la certificación de bosques y plantaciones, que está más reforzado en la identificación y gestión de impactos sociales y ambientales, en la relación con las comunidades y en el monitoreo ambiental y social. Ha sido un proceso largo de trabajo donde hemos participado activamente junto a otros representantes de las cámaras ambiental, social y económica del FSC.

En cuanto a bosques y su restauración post incendios, ¿Qué se está haciendo al respecto?

A nivel nacional se están desarrollando múltiples acciones a pequeña escala, aunque aún hay importantes brechas por cubrir debido a que no existen políticas públicas que aborden adecuadamente esta temática y las acciones privadas que existen son voluntarias.

Algunos avances en restauración post incendios son los desarrollados al alero del “Diálogo Forestal”, que es un espacio de gobernanza donde participan CODEFF, Ética en los Bosques, Dirección de Acción Social del Obispado de Temuco (DAS), Arauco, Mininco, Masisa y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto a WWF. En este espacio se está promoviendo la restauración de bosques de ruil -de la misma familia que el roble y de una especie más primitiva que aún sobrevive, además crece únicamente en Chile- en predios de Arauco, Mininco y de pequeños propietarios en Empedrado, que resultaron quemados en los grandes incendios de la temporada 2016-2017. Es necesario considerar que la superficie total de ruil es menor a 500 hectáreas y se encuentra en peligro de extinción, por lo que su restauración es prioritaria.

No obstante de las distintas iniciativas en curso, un aspecto primordial para no vernos forzados a llegar a restaurar bosques quemados, es prevenir los incendios y los impactos que se producen sobre los bosques nativos y sus servicios ecosistémicos. En este sentido, a través de una alianza con el Gobierno Regional del Biobío, la Asociación de Municipios de esta misma región y la Fundación Nahuelbuta, con financiamiento de la Unión Europea, se está levantando información territorial para la identificación de áreas prioritarias de prevención de incendios, colocando como foco la naturaleza y sus distintos servicios ecosistémicos, lo que es complementario con los esfuerzos público-privados, llevados a cabo por los distintos organismos gubernamentales relacionados con el tema, como es Conaf y por otra parte, las empresas forestales y donde el objetivo es el cuidado de la vida humana y la infraestructura.

Finalmente, estamos trabajado junto al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Medio Ambiente y el World Resources Institute (WRI), en la elaboración del Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje, que permitirá abordar estas temáticas y fomentar la restauración en los paisajes.

¿Cuáles deben ser los impactos de nuevos proyectos o acciones y en cuanto tiempo se debieran ver efectos?

Los impactos y los efectos se verán en un horizonte temporal más amplio, porque los procesos naturales son de mayor escala, pero las acciones debieran ser en el corto plazo. Idealmente, es necesario prevenir la pérdida de suelo, que es el primer impacto que se produce después del avance del fuego y las primeras lluvias. En segundo lugar, ir avanzando en la restauración ecológica de esos sectores, que permitan la recuperación de bienes y servicios del bosque, la recuperación de su biodiversidad, el hábitat de las especies y la interrelación entre ellas, la disponibilidad de productos forestales no maderables utilizados por comunidades locales, la disponibilidad de agua en calidad y cantidad, en síntesis, ecosistemas y paisajes resilientes y saludables.

¿Cuáles o quiénes son los actores relevantes en estos objetivos y cuál es la evaluación que hacen del rol que han tenido?

En la restauración de bosques quemados son múltiples los actores que debieran estar vinculados. Por una parte el sector público, mediante las acciones que pudieran realizar tanto CONAF, INFOR y el Ministerio de Medio Ambiente. Por otra parte, el sector privado, a través de distintas empresas que puedan destinar recursos para costear las acciones de restauración. Además, las comunidades locales, que en muchos casos son beneficiadas por las acciones de restauración. En síntesis, deben existir espacios de gobernanza participativa que permitan la toma de decisiones en los territorios, como es el caso del “Consejo de Restauración de Nahuelbuta”, que es presidido por el Intendente Regional del Biobío y donde participan distintos organismos públicos, privados, ONG´s y organizaciones locales, en coordinación con la Asociación de Municipios de la Región del Biobío, Fundación Nahuelbuta y WWF.

Además, es necesaria la elaboración de políticas públicas que permitan financiar la restauración de bosques quemados, lo que actualmente no existe. También es importante la prevención de incendios, donde actualmente hay un borrador de Ley de Prevención contra Incendios Forestales, que se está discutiendo al alero del Consejo de la Política Forestal. Considerando que el 95% de los incendios provienen de causas antropogénicas, es necesario fortalecer una cultura de la prevención y la corresponsabilidad sobre el territorio. En este sentido, desde hace tres años está en funcionamiento a nivel nacional la “Red de Prevención Comunitaria” dedicada al trabajo colaborativo entre ciudadanos, empresas forestales, municipios, instituciones públicas y organizaciones locales, para la prevención de incendios forestales.

De esta forma se intenta abordar de manera integral, aspectos ligados a la prevención, control y restauración en suelos afectados por incendios. Este último aspecto es quizás el más débil, debido a la inexistencia de instrumentos que aborden los requerimientos ambientales y productivos de los propietarios que fueron afectados. Aun así estamos en una etapa de concreción desde lo público y lo privado para abordar este desafío; ojala luego podamos llegar con acciones concretas en favor de los pequeños propietarios.

En síntesis, hay un camino avanzado que es bueno, pero insuficiente. Porque, si consideramos un escenario de cambio climático, con aumentos de temperatura y disminución de precipitaciones, los desafíos para la conservación y restauración de bosques, además de la prevención de incendios, deberán ser más ambiciosos aún. Como país, ya nos hemos comprometido a nivel internacional en esta materia, como es la meta de 1 millón de hectáreas de paisajes restaurados y la carbono neutralidad. Para ello, necesitaríamos tener políticas públicas explicitas y ambiciosas en temas de restauración y prevención de incendios, un sector privado mucho más involucrado con el medio ambiente y la restauración, con compromisos que sean de alto impacto y finalmente, una sociedad que perciba directa e indirectamente los bienes y servicios que nos brindan los bosques para que las acciones vinculadas a su conservación y restauración, tengan un pilar fundamental, que es la vinculación de la sociedad en su conjunto.