La Reforma Procesal Civil y el sector forestal

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El tiempo permite olvidar muchas cosas, pero hay un tema en particular que afecta a múltiples sectores de la comunidad, desde el jardinero al que no le pagan sus servicios, hasta el transportista, contratista forestal y todos los que podemos ver vulnerados contratos o acuerdos laborales. Por esta razón, me interesa destacar la Reforma Procesal Civil.

Este es un tema pendiente en nuestra legislación y que vale la pena considerar porque la oralidad, transparencia y rapidez que debe tener todo proceso judicial ya sea laboral, penal o de familia, no se condicen con la cantidad de años que debe enfrentar, por ejemplo, el sector forestal por un juicio de incumplimiento de contrato o el pago de una indemnización.

Rodrigo Ruiz Godoy, abogado especialista Derecho Laboral, asesor Asociación de Contratistas Forestales.
Rodrigo Ruiz Godoy, abogado especialista Derecho Laboral, asesor Asociación de Contratistas Forestales.

Existe un completo proyecto de ley que descansa en el Parlamento y que requiere de una pronta tramitación. ¿Por qué? Se ha avanzado en las últimas décadas en importantes reformas judiciales, resolviendo eficazmente aquellos requerimientos más esperados por los ciudadanía, sin embargo, la gran deuda pendiente se refiere a la indefensión de los ciudadanos en los asuntos jurídico civiles, para quienes estos procesos son lentos y caros, lo que ha generado una sensación de injusticia.

Desde que asumió el nuevo gobierno, el Ministro de Justicia ha señalado que la reforma a la justicia civil será una de aquellas iniciativas legislativas que se reactivarán durante su mandato.

En relación al contenido de esta reforma judicial civil, debemos mencionar algunos aspectos fundamentales:

a)   En materia probatoria, valdría la pena repensar dos instancias que —por distintas razones— hoy no se encuentran en el texto aprobado. Una de ellas es la figura de las cargas probatorias y la otra la noción de estándar de prueba que obliga a determinar cuánto margen de error es aceptable en asuntos civiles.

b)   Parece igualmente necesario sofisticar la discusión acerca de la oralidad y la escrituración, presentadas como principios contrapuestos. De este debate debieran surgir definiciones y regulaciones de aquellos beneficios de la “oralidad” que el sistema está dispuesto a proteger y aquellos otros que está dispuesto a transar, de manera tal de escoger qué prácticas deben ser adoptadas por el nuevo sistema y cuáles no.

c)   La posibilidad de revisión de lo obrado por un tribunal superior.

d)    Otro aspecto importante es una reforma a la tutela ejecutiva del crédito que no solo supone modificar procedimientos, sino también hacerse cargo de los derechos que están en juego —tanto los del acreedor como los del deudor— y avanzar hacia un sistema balanceado que permita una ejecución eficiente, justa y a costos asequibles para las partes y el Estado.

Si bien lo anterior es importante, los temas judiciales civiles, tienen una trascendencia que el ciudadano no debe olvidar y que afecta directamente a los contratistas forestales. Por ejemplo, los temas relativos a arriendos, a cobro de facturas u otros documentos comerciales, constituyen asuntos de conflicto judicial; los contratos y licitaciones con empresas principales que superan con creces a los otros ámbitos.

Son miles de personas en todo el país que viven estos conflictos diariamente y a ellos debe la justicia darle una solución, que por la existencia de un proceso escrito, demora más de lo permitido. Más aun, al conversar con cualquier ciudadano de a pie, contratista, trabajador o empresario, existe la convicción de que quienes tienen acceso a una justicia rápida y efectiva son aquellos que no tienen recursos o que son los propios delincuentes en el sistema penal, pero si se llega a necesitar y por ende a contratar a un abogado en el sistema civil, son caros tanto los servicios del letrado como los costos del juicio. La sensación es que se requiere mucho tiempo y dinero para resolver civilmente un problema. Esto amerita una reflexión profunda, sobre todo para un año de cambios y que ofrece nuevas expectativas, siendo retomar la discusión sobre la reforma procesal civil, una de ellas.