¿Se puede conservar la biodiversidad en Chile con incentivos económicos?

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Sí, a través del Pago por Servicios Ambientales, contratos que privatizan la producción de bienes públicos por parte de pequeños propietarios para su uso público, es decir, la sociedad se hace cargo de pagar a los pequeños propietarios para que produzcan bienes y servicios ambientales de beneficio para toda la sociedad.

El académico del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de La Frontera, Dr. Ricardo González, profesor de Economía Ambiental y Recursos Naturales, ha compartido en comisiones técnicas del Senado y en medios de comunicación, su conocimiento respecto al futuro forestal del país. Fue como experto en la comisión especial “Futuro de los Ecosistemas” parte de la mesa “Futuro Forestal para un Chile Sustentable” del Senado de Chile, convocada por el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, senador Guido Girardi, donde presentó su análisis sobre la conservación del bosque nativo para Chile en relación con incentivos económicos y cómo los distintos factores que afectan la rentabilidad de la tierra determinan el uso actual que se puede observar en los campos.

“Los incentivos económicos adecuados pueden cambiar la rentabilidad de la tierra y ser utilitarios para la conservación y preservación de la naturaleza. Pero deben salir del bolsillo de alguien. La sociedad debe tener una disposición a pagar y si eso se traduce en pagos a los propietarios, entonces, ellos pueden responder voluntariamente a dichos instrumentos y hacerlo en forma espontánea y, por lo tanto, cumplir los objetivos de conservación (de la biodiversidad) por acción voluntaria y no por coerción, porque actualmente lo que prima es regla y castigo, no habiendo incentivos suficientes para hacer viable conservar”, destacó Ricardo González.

En este sentido, el académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera, plantea que deben existir mecanismos que puedan implementarse para potenciar la viabilidad del bosque nativo, especialmente para el caso de pequeños y medianos propietarios, “ya que la conservación no es una alternativa factible para ellos, entre otras razones, por el estado de degradación, la pequeña escala de producción, la falta de mercado para los productos y la falla de mercado del bosque nativo, donde la mayoría de los bienes y servicios ambientales que presta, no tienen una retribución económica”.

González plantea que una oportunidad en este sentido es la Ley de Derecho Real de Conservación (Ley 20.930) de 2016, que crea las condiciones para generar contratos de conservación del bosque nativo entre el Estado y el mundo privado con pequeños propietarios. Estos son esquemas de Contrato de Pago por Servicios Ambientales, conocidos popularmente como PSA y, dado que el país está entrando a una fase de pago por resultados de la aplicación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), con la Ley 20.930  y el cumplimiento de los compromisos internacionales, se abre una posibilidad en el futuro cercano para rentabilizar la producción de servicios ambientales del bosque nativo, especialmente de pequeños propietarios forestales. “Con estos instrumentos denominados 2.0, no solo el Estado se hace cargo de la conservación, sino también los privados, pues cualquier parte interesada, fundación o fondo de conservación privado puede contratar y pagar a propietarios forestales por la producción de bienes y servicios ambientales. Además, al implementar estos incentivos económicos, se resuelven dos problemas de un tiro: el problema ambiental, abordando la falla de mercado del bosque nativo y, el problema social, abordando el problema de la pobreza rural en tierras marginales y en consecuencia mejorando la distribución de la riqueza al canalizar pagos a familias campesinas empobrecidas por la degradación histórica del recurso”, afirmó el académico. “A través del Pago por Servicios Ambientales, en contratos que la sociedad paga a pequeños propietarios por la producción de los bienes y servicios ambientales del bosque para su uso público, es decir, la sociedad al hacerse cargo de pagar está reconociendo el costo que implica para los pequeños propietarios el servicio de producción de dichos bienes y servicios ambientales, que son finalmente, bienes públicos. Hasta el momento, el costo de conservación del bosque nativo lo asumen los propietarios y no el resto de la sociedad que se beneficia por ellos. Los propietarios que conservan el bosque nativo producen externalidades positivas por conservar que requieren ser compensadas económicamente. La sociedad al concretar un pago estaría compensando al productor por el servicio de producción de bienes públicos, es como decir, se estaría privatizando dicho servicio. Dicha aseveración es controversial porque actualmente ya es privada, pues es el pequeño propietario quien asume el costo de conservación y no la sociedad que se beneficia de dicha conservación.”

“Aunque en Chile estos esquemas de contratos de conservación todavía no se implementan como instrumentos de política, el país pronto verá luz a este tipo de mecanismos de conservación. Además, estos constituyen una herramienta para cumplir los compromisos internacionales de Chile, como los de París 2015 y de Madrid de 2018”, enfatizó.

“Para poner en acción este tipo de instrumentos de conservación, es clave la Ley de 20.930 del Derecho Real de Conservación de 2016, pues esta ley permite que cualquier parte interesada (privado o el Estado) contrate la producción de bienes ambientales (que son bienes públicos). La ley fue creada para proteger los intereses de ambas partes, tanto el que contrata la producción (quien paga) y el productor de dichos servicios ambientales (el propietario de bosque nativo)”, destacó Ricardo González quien agrega que aún está pendiente la generación de un reglamento que facilite y agilice la aplicación de la Ley del Derecho Real de Conservación, aunque ya se puede aplicar tal como está, resaltando que todavía esta ley es poco conocida y difundida como una alternativa de protección del bosque nativo.