Terrorismo forestal y la erosión del Estado de Derecho

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Por Rodrigo Alejandro Ruiz Godoy, Abogado, Magister en Derecho Laboral, Magister en Gestión Educacional, y Responsabilidad Social Empresarial.  Especialista en Derecho Laboral. Docente Universitario.

Reiterar la dramática situación de violencia que se vive en la denominada “zona roja” del centro–sur del país resulta un sinsentido. A estas alturas, sería dudoso pensar que alguien pudiese creer que los hechos de vandalismo, usurpaciones violentas de terrenos e incendios premeditados corresponden a delitos comunes y silvestres. Sin embargo, pareciese que un órgano del Estado si piensa esto o, al menos, no entiende la magnitud de lo descrito. Nos referimos al Ministerio Público y al triste papel que ha desempeñado (y aún desempeña) en el conflicto narrado.

En este contexto, resulta particularmente incomprensible que al órgano público que la Constitución de la República ha encargado en forma exclusiva y excluyente la investigación de los hechos constitutivos de delito, haya abdicado de forma tan flagrante de su propia obligación legal.

Alguien podría pensar que achacar toda la responsabilidad al Ministerio Publico es una injusticia. Otros actores relevantes tampoco han estado a la altura de las circunstancias (basta observar el rol de los Tribunales de Justicia o del mundo político). También es cierto que el conflicto en ciernes tiene distintas aristas y factores que dificultan aún más su resolución. Pero la realidad es que la fiscalía debería jugar un rol preponderante en el mantenimiento de orden público y el combate al terrorismo y, lamentablemente, lo observado ha sido más bien una actuación débil, excesivamente garantista y cuyo objetivo pareciese ser la búsqueda de la popularidad por parte de sus fiscales y no la protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los delincuentes.

Porque seamos sinceros, cuando el Ministerio Público no cumple correctamente las funciones que le han sido consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, lo que tenemos al final del día es la erosión del Estado de Derecho. En la práctica, esto significa que la población deja de confiar en el sistema legal como método eficaz de resolución de conflictos y comienza a buscar otras vías de defensa que siempre desembocan en mayores grados de violencia y destrucción.

Ampliar las metodologías de investigación, investigar las asociaciones ilícitas, exigir medidas cautelares más robustas, mejorar la coordinación con las policías y trabajar junto a los actores regionales relevantes debiesen ser los derroteros a seguir por el Ministerio Público para honrar la misión fundamental que les ha sido encomendada. Y mientras esto no suceda, la erosión del Estado de Derecho seguirá avanzando hasta alcanzar un punto de no retorno, lo cual sólo significaría una herida aún más profunda en el seno de la nación cuya cicatrización podría demorar décadas, afectando de forma indeleble, hoy día no solo el sector forestal, sino que el desarrollo social, económico, laboral, empresarial y espiritual del país.