Una nueva Constitución para Chile

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Rodrigo Alejandro Ruiz Godoy, Abogado, Magister en Derecho Laboral, Gestión Educacional, y Responsabilidad Social Empresarial. Especialista en Derecho Laboral. Docente Universitario.

Nos encontramos ad portas de comenzar un proceso inédito en nuestro país: redactaremos una nueva Constitución Política a través de una convención constituyente elegida en forma totalmente democrática. Teniendo esto en cuenta, intentaremos explicar sucintamente que es una Constitución y cuál es su importancia en la estabilidad democrática de un país.
En primer lugar, una Constitución Política es un texto de carácter jurídico. Se trata de la ley (en su sentido amplio) más importante, pues a ella debe subordinarse todo el resto del ordenamiento jurídico. Ahora bien, el contenido de esta ley puede dividirse principalmente en dos partes: por un lado, existe una parte “dogmática”, relacionada con los derechos fundamentales de las personas. La otra parte es la denominada “orgánica”, donde se establece la organización básica del Estado y los principios a los cuales debe someterse dichos órganos políticos.
Desde una perspectiva más general, una Constitución Política es el producto de un consenso básico que deben alcanzar las sociedades sobre ciertas reglas generales necesarias para una convivencia pacífica y próspera (de allí su carácter de Constitución “Política”). Se trata del acuerdo sobre la forma en que se distribuirá el poder político y, al mismo tiempo, el establecimiento de límites para la actuación tanto del Estado hacia sus ciudadanos como de los propios ciudadanos entre sí. Lo anterior se logra mediante el establecimiento de los derechos fundamentales de las personas y los mecanismos jurídicos necesarios para exigir su cumplimiento.
Entender que una Constitución es un acuerdo básico es importante para delimitar cuáles son los contenidos que deben forma parte de este cuerpo legal y cuales corresponderán más bien a la legislación ordinaria. Desde este punto de vista, será necesario discutir cuáles serán los órganos del Estado que deben tener una regulación constitucional (ejemplo, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y cuáles no. También es relevante establecer un catálogo de derechos fundamentales adecuado a la realidad actual del país y a los nuevos desafíos del siglo XXI, evitando establecer derechos sociales que no son compatibles con nuestro nivel de desarrollo económico. En otras palabras, transformar en derechos constitucionales ciertas demandas sociales no va a permitir necesariamente su efectividad, pues una Constitución no es un programa de gobierno, sino que un acuerdo básico de convivencia.
Finalmente, debemos destacar que una Constitución no es (ni debe ser) un texto que no pueda ser susceptible de reformas futuras. Es el propio texto el que debe establecer cuáles serán los mecanismos legales para realizar dichas reformas e incluso, su sustitución en caso que el consenso básico que debe contener se haya roto irremediablemente, como pareciese ser el caso chileno actual.