Una verdadera crisis social ¿Araucanía o Terrorismo?

557
Atacan a siete camiones en un nuevo atentado en la Araucanía
Atacan a siete camiones en un nuevo atentado en la Araucanía fuente: http://www.t13.cl/noticia/nacional/araucania-reportan-camiones-quemados-ruta-5-sur

Aunque pueda pensarse que las principales víctimas de estos actos son sólo las grandes empresas forestales, la verdad dista de aquello. Pequeños y medianos contratistas forestales, junto a sus trabajadores han visto su vida trastocada radicalmente por la violencia imperante. A diferencia de las grandes compañías, ellos no tienen el sostén económico para levantarse una y otra vez luego de ver sus lugares de trabajo quemados, robados y asolados por bandas organizadas de terroristas (el carácter terrorista de estas acciones es también  algo zanjado).

Rodrigo Ruiz Godoy, abogado especialista Derecho Laboral, asesor Asociación de Contratistas Forestales.
Rodrigo Ruiz Godoy, abogado especialista Derecho Laboral, asesor Asociación de Contratistas Forestales.

El Estado chileno ha firmado   una   multiplicidad  de tratados internacionales donde se compromete a proteger la propiedad privada y la libertad económica frente a este tipo de hechos. La protección del libre emprendimiento es una condición básica para el desarrollo de un país y debe ser resguardo por todos los medios posibles. Tanto el Gobierno actual como los anteriores han fallado en la defensa de dichos principios, permitiendo la instalación de células terroristas, atentan- do contra los Derechos Humanos de quienes trabajan y residen allí.

El pasado 12 de agosto del presente año, el Tribunal de Garantía de Cañete dejó en prisión preventiva a siete comuneros mapuches, acusados de incendiar el Fundo Cuyinpalihue, ubicado 12 kilómetros al norte de Cañete. Fueron detenidos por Carabineros minutos des- pués de ocurrido el ataque y en la formalización se les atribuyen delitos de incendio, porte ilegalde arma de fuego convencional y porte ilegal de arma de fuego prohibida, porte ilegal de munición y robo con intimidación.

Pese a lo lamentable y habitual de estos de delitos en la zona, no dejan de sorprender algunos aspectos  vinculados al hecho. En primer lugar, aún cuesta creer que este tipo de ataques no sean perpetrados por células terroristas. Aunque la actual Ley Antiterrorista sea demasiado estricta en la tipificación de estos delitos, resulta evidente que estamos en presencia de grupos organizados, que disponen de armamento pesado (en poder de los dete- nidos se encontraron 6 armas de fuego, entre ellas tres pistolas, dos revólveres y una escopeta que registraba encargo por robo) y cuyo único propósito es causar pánico en los trabajadores y habitantes de la zona.

Tal vez es hora de que se empodere a  las policías  para desbaratar a estos grupos con las que son utilizadas en el mundo para combatir al terrorismo: inteligencia, seguimiento a los flujos de dinero (tanto del interior del país como del extranjero), protección a los testigos. Si el Estado, no entiende la problemática y no despliega de forma urgente un plan de normalización que reinstale la seguridad en la zona La Araucanía, las consecuencias serán un retroceso social y económico irreversible, cuyos costos serán asumidos principalmente por los trabajadores y sus familias, y el gobierno seguirá evaluando una crisis que ya no resiste más.

Además del miedo imperante, el impacto que esto produce en las condiciones de vida de la población es inconmensurable, lo que se refrenda en las magras estadísticas en materia económica  y  social  que posee la zona.

Teniendo en cuenta todos los antecedentes ya amplia- mente difundidos, resulta incompresible que aún no utilice todos medios necesarios para asegurar la protección de las víctimas, especialmente de aquellos trabajadores o propietarios cuya labor sólo significa más empleo y bienestar para una de las zonas más pobres del país. Desgraciadamente la inoperancia de muchos conduce a La Araucanía a un retroceso social y económico agravado